El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para habilitar el pago de la deuda que aún se encuentra en litigio desde el default de 2001, con el objetivo de cerrar uno de los capítulos pendientes de la crisis económica más profunda de la historia argentina.
La iniciativa, impulsada por la gestión de Javier Milei, busca darle respaldo legislativo a los acuerdos alcanzados con acreedores que no ingresaron a las reestructuraciones previas y que mantienen fallos firmes en tribunales internacionales.
El texto propone autorizar pagos a fondos que continuaban litigando contra el país, entre ellos grupos de acreedores como Bainbridge y Attestor, que habían obtenido sentencias favorables en la Justicia de Estados Unidos.
Según se detalla, el acuerdo contempla desembolsos por:
- 67 millones de dólares para uno de los fondos
- 104 millones de dólares para otro grupo de acreedores
Estos montos implican una quita significativa respecto de los reclamos originales, que superaban los 600 millones de dólares.
Desde el Ejecutivo sostienen que la aprobación del proyecto permitirá poner fin a litigios internacionales que llevan más de dos décadas y evitar nuevas acciones judiciales contra el país.
Entre los principales riesgos que se buscan desactivar figuran los intentos de embargo sobre activos argentinos en el exterior, incluyendo empresas estatales y cuentas públicas. Además, el acuerdo incluye cláusulas para impedir futuros reclamos y facilitar el acceso a financiamiento internacional.
El Gobierno optó por enviar el acuerdo al Congreso para otorgarle mayor solidez jurídica e institucional, y reducir la posibilidad de impugnaciones en el futuro.
El entendimiento ya fue informado ante tribunales de Nueva York, donde quedó establecido que su implementación depende de la aprobación legislativa.
El default declarado en 2001 marcó un punto de quiebre en la economía argentina y dio lugar a una extensa serie de reestructuraciones y litigios con acreedores externos. Con este proyecto, el oficialismo busca avanzar en la normalización definitiva de la deuda remanente, en un intento por mejorar la posición financiera del país y reducir la incertidumbre en los mercados.
