La empresa aseguró que presentó toda la documentación requerida y sostuvo que la medida pone en riesgo más de 200 puestos de trabajo. El concejal opositor Federico Chouhy afirmó que la clausura responde a represalias por su actividad política. Hasta el momento, esta es la versión de la firma y del dirigente, mientras que el Municipio fundamentó el procedimiento en presuntos incumplimientos administrativos.
La clausura preventiva de depósitos pertenecientes a las firmas Moviport S.A. y Casport S.A. desató un fuerte conflicto entre la empresa y la Municipalidad de San Nicolás.
A través de un comunicado oficial, Moviport sostuvo que la medida fue “arbitraria” y rechazó los argumentos esgrimidos por el Municipio, que había señalado incumplimientos vinculados a la habilitación y a las condiciones de seguridad de los establecimientos.
La postura de la empresa
Según informó la compañía, toda la documentación solicitada había sido presentada en tiempo y forma, situación que, aseguran, puede acreditarse mediante los comprobantes correspondientes.
Además, sostuvieron que durante la inspección los agentes municipales no revisaron la documentación presentada y se limitaron a ejecutar la clausura.
Desde la empresa remarcaron que la decisión paralizó completamente la actividad y advirtieron que afecta de manera directa a más de 200 familias que dependen de su funcionamiento, además de generar consecuencias para clientes, proveedores y toda la cadena logística.
En ese sentido, Moviport afirmó que ejercerá “todas las acciones administrativas y judiciales necesarias” para obtener el levantamiento de la medida, al considerar que carece de fundamentos.
Chouhy denunció una represalia política
El vicepresidente de Moviport y concejal de Alianza La Libertad Avanza, Federico Chouhy, vinculó la clausura con su rol como referente opositor en San Nicolás.
Según expresó durante una conferencia de prensa, la medida constituye una “persecución política” relacionada con los pedidos de informes y cuestionamientos que viene realizando a la gestión municipal desde el Concejo Deliberante.
“Lo más grave es que los inspectores ni siquiera quisieron revisar la documentación; llegaron con la decisión de clausurar ya tomada“, afirmó el edil.
Chouhy también sostuvo que impulsará acciones judiciales para revertir la clausura y aseguró que continuará con su tarea de control sobre la administración municipal.
El contexto del conflicto
Tanto la empresa como Chouhy señalaron que la clausura se produjo en medio de un escenario de creciente confrontación con el Ejecutivo local. Según indicaron, el dirigente opositor impulsó en los últimos meses distintos pedidos de informes, cuestionó la rendición de cuentas municipal y promovió investigaciones sobre actos de gobierno, por lo que consideran que ese contexto debe contemplarse al analizar lo sucedido.
La posición del Municipio
La Municipalidad de San Nicolás informó que la clausura preventiva se dispuso luego de intimar a las empresas a presentar documentación técnica, ambiental, de seguridad y habilitación dentro de un plazo de 48 horas.
Según el comunicado oficial, vencido ese plazo los inspectores realizaron una nueva inspección y, al no poder verificar el cumplimiento de los requerimientos ni acceder a los establecimientos, procedieron a la clausura preventiva de ocho depósitos, en el marco del Código de Convivencia y Faltas Municipales.
La controversia continúa abierta y, por el momento, ambas partes sostienen versiones contrapuestas sobre los motivos que derivaron en la clausura de las firmas.
