Organizaciones sindicales, políticas y sociales de San Nicolás convocaron a una movilización para manifestar su rechazo al proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, una iniciativa que impulsa el oficialismo nacional y que comenzará a debatirse en el Congreso. La concentración se realizará el miércoles 6 de agosto, a las 17:30, en la esquina de Nación y 9 de Julio.
La convocatoria es impulsada por la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, el Partido Justicialista y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que invitaron a vecinos e instituciones a participar de la protesta.
A través de un documento difundido en las últimas horas, las organizaciones sostienen que el proyecto “pone en riesgo la soberanía” al promover medidas que, según afirman, facilitarían la extranjerización de tierras, debilitarían el rol del Estado y favorecerían la concentración de recursos estratégicos como el litio, el cobre, el agua dulce, los hidrocarburos, los alimentos y la biodiversidad.
Además, los convocantes cuestionaron otras iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional, entre ellas la derogación de la Ley de Tierras, las modificaciones a la Ley de Glaciares y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que forman parte de una misma política vinculada a la administración de los recursos naturales del país.
En el comunicado también remarcaron que la defensa del territorio y de los recursos estratégicos está estrechamente ligada al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y reafirmaron su histórica consigna: “Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.
La movilización en San Nicolás se desarrollará en simultáneo con otras manifestaciones previstas en distintos puntos del país, mientras el proyecto continúa su tratamiento legislativo en el Congreso Nacional.
¿Qué propone la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada?
El proyecto impulsado por el Gobierno nacional busca reforzar la protección del derecho a la propiedad privada mediante una reforma de distintas leyes. Entre los principales cambios, limita las posibilidades de expropiación por parte del Estado, agiliza los procesos de desalojo de inmuebles ocupados y modifica la Ley de Tierras Rurales al eliminar los límites para la compra de campos por parte de personas y empresas extranjeras. También introduce cambios en la Ley de Manejo del Fuego, eliminando restricciones que impedían cambiar el uso de tierras afectadas por incendios. El oficialismo sostiene que la iniciativa busca brindar mayor seguridad jurídica y fomentar las inversiones, mientras que sus detractores advierten que podría favorecer la concentración y extranjerización de tierras y reducir herramientas del Estado para proteger recursos estratégicos.
