La causa judicial que se originó tras el conflicto entre el Sindicato de Camioneros y la empresa Rey Distribuidora de San Pedro sumó un nuevo capítulo. La defensa de seis trabajadores imputados presentó un recurso extraordinario federal y una acción de hábeas corpus para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de suspender el juicio oral previsto para el próximo 28 de septiembre en los tribunales de San Nicolás.
El planteo fue realizado por el abogado Gabriel Ruiz, quien representa a trabajadores afiliados al gremio y cuestiona distintos aspectos del proceso judicial que se tramita ante la UFI N° 7 de San Pedro, el Juzgado de Garantías N° 3 y el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial San Nicolás.
Fiscalía sostiene que Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola pidieron coimas a la empresa Rey Distribución bajo la amenaza de no permitirles trabajar y que cuando no hacían efectivo el pago les hacían paro de personal, les bloqueaban la planta y los denunciaban en el Ministerio de Trabajo.
El origen de la causa
El expediente tiene su origen en 2021, cuando se produjo un prolongado conflicto gremial entre el Sindicato de Camioneros y la firma Rey Distribuidora, una empresa familiar dedicada a la distribución de alimentos con sede en San Pedro. Durante ese período, trabajadores afiliados al gremio llevaron adelante medidas de fuerza, asambleas y bloqueos en los accesos a la planta.
La empresa denunció que las protestas impidieron el normal funcionamiento de la distribuidora y sostuvo que existieron maniobras extorsivas vinculadas a reclamos sindicales. El propietario de la firma, Ricardo Rey, adquirió notoriedad pública cuando se viralizó un video en el que aparecía quebrado emocionalmente mientras denunciaba las consecuencias que el conflicto estaba teniendo sobre la empresa y sus trabajadores.
La denuncia fue presentada por la familia Rey y quedó en manos de la fiscal María del Valle Viviani, titular de la UFI N° 7 de San Pedro, quien impulsó una investigación que incluyó allanamientos, toma de testimonios y análisis de documentación sindical. La empresa contó además con el patrocinio legal de Florencia Arietto, quien intervino activamente en el expediente.
Las imputaciones y las detenciones
Como resultado de la investigación, fueron imputados los dirigentes sindicales Maximiliano Cabaleyro, secretario general de Camioneros San Nicolás, y Fernando Espíndola, además de otros trabajadores vinculados a las medidas de fuerza. La causa avanzó bajo las acusaciones de extorsión, tentativa de extorsión, coacción y turbación de la posesión.
En abril de 2022, la Justicia ordenó la detención de Cabaleyro y Espíndola en una decisión que generó repercusión nacional debido a que se trató de uno de los primeros casos en los que dirigentes sindicales fueron privados de la libertad en el marco de una investigación vinculada a bloqueos gremiales. Posteriormente ambos obtuvieron el beneficio de arresto domiciliario, situación que mantienen hasta la actualidad.
Como consecuencia de su arresto, Cabaleyro dejo su banda en el Concejo Deliberante por el bloque Frente de Todos y asumió Fabian Sosa, quien falleció el 8 de diciembre del 2022, dejando su lugar en manos de Maria Eugenia Barba, hermana de en ese entonces concejal raical alineado al passaglismo, Agustin Barba.
Qué sostiene la defensa
La estrategia de la defensa apunta a cuestionar la validez de la elevación a juicio y a plantear que el proceso vulneró garantías constitucionales. Entre otros argumentos, sostienen que la acción penal debería considerarse prescripta y que existieron irregularidades procesales durante la tramitación del expediente.
Asimismo, solicitaron la inmediata liberación de Cabaleyro y Espíndola mediante una acción de hábeas corpus, al considerar que el tiempo transcurrido bajo medidas restrictivas supera ampliamente los plazos razonables previstos por la legislación. La prisión preventiva no puede superar los 2 años.
La postura de Camioneros
Desde el Sindicato de Camioneros sostienen desde el inicio de la causa que los hechos investigados corresponden al ejercicio legítimo de la actividad sindical y rechazan las acusaciones formuladas por la empresa. Los dirigentes gremiales afirman que las medidas de fuerza fueron realizadas en defensa de derechos laborales y denuncian una presunta criminalización de la protesta gremial.
En las últimas semanas, el conflicto incluso llegó al plano internacional. La defensa y organizaciones sindicales realizaron presentaciones ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde denunciaron una supuesta vulneración de derechos sindicales y solicitaron una intervención antes del inicio del juicio oral. Según indicaron, representantes del organismo habrían manifestado preocupación por la situación planteada.
Camino al juicio
Actualmente, ocho imputados deberán enfrentar el proceso oral previsto para septiembre. Entre los testigos convocados figuran integrantes de la familia Rey, empleados de la empresa, efectivos policiales, peritos y funcionarios que participaron de la investigación.
Mientras la Corte Suprema analiza los recursos presentados por la defensa, el caso continúa siendo uno de los expedientes más resonantes de los últimos años dentro del Departamento Judicial San Nicolás, por las implicancias que podría tener sobre futuros conflictos sindicales y el alcance de las protestas gremiales en ámbitos laborales.
