El Gobierno nacional anunció que presentará nuevas denuncias penales contra empresas petroleras vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, en el marco de la ofensiva judicial y diplomática impulsada por la administración de Javier Milei para cuestionar las actividades desarrolladas en el área.
La decisión se suma a la presentación realizada contra la petrolera Navitas Petroleum, sus subsidiarias, socios y directivos, a quienes el Ejecutivo acusa de operar en la zona sin autorización argentina y de utilizar licencias otorgadas por las autoridades de las islas.
La disputa por la explotación petrolera
El conflicto se concentra actualmente en el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Norte de Malvinas y operado por Navitas Petroleum junto con la británica Rockhopper Exploration.
Navitas posee el 65% del proyecto, mientras que Rockhopper controla el 35% restante. La iniciativa contempla comenzar la producción de petróleo en 2028, con una primera etapa estimada en unos 50.000 barriles diarios.
Desde el Gobierno argentino sostienen que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la zona constituyen una explotación de recursos en un territorio cuya soberanía es reclamada por la Argentina.
Una ofensiva que busca alcanzar a más empresas
La Casa Rosada también anticipó que las medidas no quedarán limitadas a Navitas. Entre las compañías señaladas aparecen Rockhopper y Eco Atlantic, esta última vinculada a una licencia ubicada en las proximidades del proyecto Sea Lion.
El Gobierno analiza distintas medidas contra las empresas involucradas, mientras avanza con presentaciones judiciales destinadas a determinar eventuales responsabilidades de compañías, directivos y otros actores relacionados con las operaciones petroleras.
La estrategia forma parte de un endurecimiento de la posición argentina frente a las actividades hidrocarburíferas en el Atlántico Sur. Milei ya había anunciado nuevas sanciones y una iniciativa legislativa para reforzar las herramientas contra empresas que participen de proyectos petroleros en el área.
El reclamo de soberanía
El Gobierno argentino sostiene que las actividades desarrolladas en torno a las Malvinas se realizan sobre un territorio cuya soberanía es objeto de una disputa histórica con el Reino Unido.
En paralelo, las empresas involucradas defienden la validez de las licencias otorgadas por las autoridades de las islas y cuentan con el respaldo del Reino Unido para el desarrollo del proyecto.
Con las nuevas denuncias, el Ejecutivo busca trasladar el reclamo de soberanía también al terreno judicial y económico, apuntando a empresas que participan directa o indirectamente de la explotación de los recursos hidrocarburíferos del área.
