La decisión del intendente de Ramallo, Mauro Poletti, de avanzar con un sistema de cobro al tránsito pesado continúa generando preocupación entre empresas, productores y referentes del sector industrial, que advierten sobre el impacto que podría tener la medida en la competitividad de la región y en el funcionamiento del Parque Industrial Comirsa.
La iniciativa prevé implementar un esquema de cobro a los vehículos de carga que circulen por caminos y accesos del distrito. Desde el Ejecutivo municipal sostienen que los fondos obtenidos permitirán financiar obras de mantenimiento vial e infraestructura, mientras que distintos actores productivos consideran que la medida implica un nuevo costo para la actividad económica.
Empresarios alertan por el impacto
Representantes del sector privado expresaron su preocupación por las consecuencias que podría generar el proyecto, especialmente para las industrias radicadas en Comirsa y para las empresas de logística y transporte que operan diariamente en la zona.
Entre los principales cuestionamientos señalan que el nuevo canon podría encarecer los costos operativos, afectar la competitividad de las empresas locales y desalentar futuras inversiones en uno de los polos industriales más importantes del norte bonaerense.
Un conflicto que suma críticas
La polémica se suma a otros reclamos que enfrenta la gestión de Poletti por su política tributaria. En los últimos meses, el aumento de distintas tasas municipales derivó en presentaciones judiciales, medidas cautelares y cuestionamientos de entidades rurales, cámaras empresarias y dirigentes políticos.
Mientras tanto, el Municipio defiende la medida al considerar que el tránsito pesado provoca un importante desgaste de la infraestructura vial y que quienes utilizan esas vías deben contribuir a su mantenimiento. Según el Gobierno local, los recursos permitirán ejecutar obras que hoy resultan difíciles de financiar con el presupuesto municipal.
El proyecto continúa generando posiciones enfrentadas. Mientras el Ejecutivo municipal sostiene que se trata de una herramienta para fortalecer la infraestructura y mejorar los caminos, el sector productivo insiste en que la creación de nuevos gravámenes puede afectar la actividad económica y profundizar la pérdida de competitividad de la región.
En este contexto, empresarios y productores esperan que se abra una instancia de diálogo que permita revisar la iniciativa antes de su implementación definitiva.
