El Gobierno nacional inició sumarios administrativos contra los sindicatos Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad por presunto incumplimiento de la conciliación obligatoria durante el último paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT)
La medida fue anunciada por el Ministerio de Capital Humano, que argumentó que ambos gremios del transporte se encontraban bajo conciliación obligatoria al momento de adherir a la huelga nacional, por lo que no podían llevar adelante medidas de fuerza.
Según explicaron desde el Gobierno, el objetivo de los sumarios es determinar responsabilidades y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente. En ese sentido, advirtieron que las sanciones previstas podrían implicar multas económicas que van del 50% al 2000% del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado.
El paro general que motivó la decisión fue convocado por la CGT el pasado 19 de febrero, en rechazo a las políticas económicas y a la reforma laboral impulsada por la administración nacional. La medida tuvo un fuerte impacto en el transporte público, ya que contó con la adhesión de distintos gremios del sector.
Desde el Ejecutivo sostienen que tanto la UTA como La Fraternidad no podían sumarse a la protesta debido a conflictos salariales previos que habían derivado en conciliaciones obligatorias dictadas por la Secretaría de Trabajo, las cuales continuaban vigentes al momento de la huelga.
La decisión del Gobierno profundiza el conflicto con los sindicatos del transporte y con el movimiento obrero en general, que ya había cuestionado las políticas oficiales y la reforma laboral impulsada por la administración nacional.
