La provincia de Santa Fe vive una fuerte crisis interna en su fuerza de seguridad, marcada por protestas, movilizaciones y medidas disciplinarias contra efectivos que reclaman mejoras salariales y condiciones de trabajo, en un conflicto que escaló en Rosario y otras ciudades durante la última semana.
Protestas y acuartelamiento
Desde el pasado lunes por la tarde, un sector de la policía de la provincia se concentro frente a la Jefatura de la Unidad Regional II en Rosario con mas de 200 efectivos, patrulleros y motos, en una protesta que se extendió hasta el martes por la noche. Los agentes, muchos acompañados por familiares, reclamaron aumentos de salario y condiciones laborales mas dignas, asi como políticas de atención de la salud mental y recursos operativos adecuados.
La medida incluyo sirenazos, acuartelamiento y la decision de no prestar servicios regulares, lo que genero alarma en la ciudadanía y presión sobre las autoridades provinciales.
Demandas salariales y condiciones de trabajo
Los reclamos se centran en que los salarios no alcanzan el costo de vida, especialmente para el personal de calle. Si bien el gobierno provincial había anunciado un plus economico para algunos efectivos, muchos policias argumentan que sigue siendo insuficiente y que no alcanza para cubrir necesidades básicas, mientras que persisten largas jornadas laborales y escasez de recursos.
El tema de la salud mental tambien surgio en algunos sectores como un punto sensible: algunos representantes de sectores policiales criticaron que no exista un acompañamiento efectivo para situaciones de estrés o problemas de bienestar emocional dentro de la fuerza.
Medidas disciplinarias del gobierno
En respuesta a las protestas y a lo que gobierno califico como abandono de servicio, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, anuncio que al menos 20 efectivos fueron pasados a disponibilidad, lo que implica la retirada de armas reglamentarias y chalecos antibalas, además de la apertura de sumarios administrativos y la advertencia de posibles consecuencias penales.
Las autoridades provinciales tambien informaron que en coordinación con el Ministerio Público de la Acusacion (MPA) se investigarán posibles ilicitos relacionados con las protestas y que se detectaron sectores desplazados de la fuerza que, según el gobierno, intentaron capitalizar el conflicto con fines ajenos al reclamo original.
Reaccio oficial y diálogo
Desde el gobierno se destaco la importancia de mantener el diálogo con los efectivos policiales, al tiempo que se subrayo la necesidad de garantizar la operatividad y el orden publico en toda la provincia. Funcionarios señalaron que, pese a las tensiones, las fuerzas policiales continúan cumpliendo con tareas de seguridad y que se trabaja para evitar que la situacion afecte la convivencia cotidiana.
Las autoridades tambien hicieron hincapie en que la protesta debía definirse dentro del marco legal y que ningún sector de la fuerza pueda sublevar contra el Estado de derecho, posicion que fue reafirmada por funcionarios del área de seguridad.
