El Gobierno nacional promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral, una de las reformas centrales impulsadas por la gestión del presidente Javier Milei. La norma ya entró en vigencia para el empleo privado tras su publicación en el Boletín Oficial mediante el Decreto 137/2026.
El decreto lleva además las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Con esta promulgación quedó oficializada la Ley 27.802, aprobada la semana pasada por el Congreso con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones en el Senado.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta a estimular la creación de empleo registrado y reducir la litigiosidad laboral, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.
Qué cambios introduce la nueva ley
La normativa incluye una serie de modificaciones en distintos aspectos del sistema laboral argentino. Entre los principales se destacan:
- Cambios en el régimen de indemnizaciones, con la creación de nuevos fondos laborales para afrontar despidos.
- Modificaciones en las modalidades de contratación, con mayor flexibilidad para empleadores y trabajadores.
- Reformas en el sistema de vacaciones, que podrán acordarse con mayor flexibilidad entre las partes.
- Actualización de las reglas sobre jornada laboral y organizacion del trabajo.
- Nuevos mecanismos orientados a reducir los conflictos judiciales laborales.
La ley esta compuesta por 25 capitulos y durante el debate parlamentario sufrido cambios respecto al proyecto original. Entre ellos, se eliminaron los articulos que proponían modificaciones en el régimen de licencias medicas.
Un cambio estructural en el mercado laboral
La reforma es considerada una de las modificaciones más profundas del sistema laboral argentino en décadas, con el objetivo oficial de modernizar la normativa vigente y promover la formalización del empleo.
Mientras el Gobierno defiende la medida como una herramienta para dinamizar el mercado laboral, sectores sindicales y parte de la oposición advierten que podría implicar una flexibilización de derechos laborales y un aumento de la precarización del empleo.
