La investigación judicial contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo: el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó levantar el secreto bancario y fiscal del funcionario en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La medida busca acceder a información clave sobre sus movimientos financieros, cuentas y declaraciones impositivas, con el objetivo de determinar si existe una evolución patrimonial incompatible con sus ingresos declarados.
La causa se centra en diversas operaciones inmobiliarias y financieras que generaron sospechas en la Justicia. Entre ellas, la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, cuyo financiamiento —según la investigación— habría incluido préstamos privados en condiciones poco habituales. En ese contexto, el fiscal intenta reconstruir el origen de los fondos utilizados por Adorni y verificar si las transacciones se corresponden con su capacidad económica como funcionario público.
En los últimos días, la Justicia avanzó con allanamientos en al menos tres inmobiliarias vinculadas a las operaciones bajo investigación. El objetivo es identificar intermediarios, establecer los valores reales de las propiedades y esclarecer cómo se estructuraron las operaciones. Además, se tomaron declaraciones testimoniales, entre ellas la de una escribana que intervino en las operaciones, lo que permitió profundizar las líneas de investigación sobre posibles irregularidades.
Que implica levantar el secreto
El levantamiento del secreto bancario y fiscal permitiría a los investigadores acceder a:
- Movimientos de cuentas bancarias
- Información sobre ingresos y egresos
- Declaraciones ante organismos fiscales
- Posibles inconsistencias patrimoniales
Se trata de una medida habitual en causas de este tipo, considerada clave para determinar si existio o no un incremento injustificado de bienes.
La situación judicial de Adorni se produce en medio de crecientes cuestionamientos sobre su patrimonio y estilo de vida que no coincidirían con sus ingresos como funcionario. Con esta nueva medida solicitada por la fiscalía, la causa entra en una etapa más profunda, donde la evidencia financiera será determinante para definir si existió delito.
