La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas nuevos elementos que complican su situación, tras la declaración de un testigo clave y la difusión de detalles sobre las refacciones realizadas en su casa del country Indio Cuá.
La causa, que tramita en los tribunales de Comodoro Py, busca determinar si el funcionario puede justificar el origen de los fondos utilizados para la compra y remodelación de distintas propiedades.
La declaración de Matias Tabar, contratista de la obra
Uno de los puntos centrales fue la declaración de Matías Tabar, el contratista a cargo de las obras en la casa ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
Ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, el testigo aseguró que las refacciones demandaron unos US$245.000 y que el pago habría sido realizado en efectivo y sin facturación.
Además, aportó documentación, imágenes del antes y después de la vivienda y su teléfono celular para que sea peritado, ya que reconoció haber eliminado mensajes intercambiados con el funcionario.
Otro dato relevante es que el contratista sostuvo que Adorni lo contactó antes de su declaración judicial, lo que también quedó incorporado al expediente.Según el testimonio, las refacciones fueron amplias e incluyeron múltiples sectores de la propiedad, que cuenta con unos 400 metros cuadrados.
Entre los trabajos mencionados figuran:
- remodelación de cocina, baño y quincho
- cambio de pisos y revestimientos
- pintura general y reparación de paredes
- reformas en la pileta, con incorporación de cascada
- mejoras en iluminación y estructura general
Incluso, trascendió que la vivienda sumó elementos de confort como jacuzzi y trabajos de paisajismo, lo que elevó significativamente el costo total de la obra.
La Justicia intenta reconstruir el flujo de dinero utilizado por el funcionario, ya que los gastos detectados, entre compra de propiedades, refacciones y otros movimientos, superarían ampliamente los ingresos declarados.
En paralelo, también se analiza la compra de la vivienda, escriturada en noviembre de 2024, y otras operaciones inmobiliarias vinculadas a su entorno.
Tras conocerse la declaración del contratista, Adorni rechazó las acusaciones y negó el monto informado. El funcionario sostuvo que las cifras son “exageradas” y anticipó que podría solicitar un peritaje sobre la propiedad, además de evaluar acciones contra el arquitecto que brindó el testimonio.
En ese sentido, reiteró que no cometió ningún delito y aseguró que dará las explicaciones correspondientes en la Justicia.
