La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito atraviesa una semana clave, con nuevas declaraciones que podrían ser determinantes para el rumbo del expediente.
La causa, que está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita, se originó a partir de inconsistencias detectadas en la evolución patrimonial del funcionario, particularmente en relación a la adquisición de inmuebles y a una serie de deudas con particulares que habrían financiado esas operaciones.
En ese contexto, la Justicia citó a declarar a cuatro mujeres identificadas como acreedoras en distintas operaciones inmobiliarias vinculadas a Adorni. Dos de ellas, madre e hija, fueron convocadas para el inicio de la semana, mientras que las restantes deberán presentarse en los días siguientes, todas bajo juramento de verdad.
Según consta en el expediente, estas mujeres figuran como prestamistas en créditos de alta magnitud, algunos respaldados por hipotecas sobre propiedades del funcionario. Una de las operaciones bajo análisis incluye un préstamo de 100.000 dólares con garantía sobre un departamento ubicado en el barrio porteño de Parque Chacabuco.
Además, la Justicia solicitó informes fiscales y patrimoniales a los organismos correspondientes para determinar si las acreedoras contaban con capacidad económica real para otorgar esos préstamos, un punto clave para establecer la legalidad de las transacciones.
La lupa sobre las operaciones inmobiliarias
Uno de los ejes centrales de la investigación es reconstruir el circuito financiero que permitió la adquisición de propiedades por parte de Adorni, en un contexto donde se cuestiona si sus ingresos declarados son compatibles con el crecimiento de su patrimonio.
De acuerdo a la documentación analizada, parte de esos fondos habría sido utilizada para la compra de inmuebles, incluso a través de mecanismos como préstamos privados y garantías hipotecarias que hoy están bajo revisión judicial.
En paralelo, también se investiga si existieron posibles irregularidades en otras operaciones, como hipotecas cruzadas o financiamiento no bancarizado, lo que podría configurar un esquema más amplio de movimientos de dinero no justificados.
Una causa en etapa decisiva
Con las nuevas declaraciones, los investigadores buscan determinar si las operaciones fueron genuinas o si existió un entramado destinado a justificar un incremento patrimonial que no se condice con los ingresos del funcionario.
Las testimoniales de las cuatro mujeres aparecen como una pieza central para esclarecer el origen de los fondos y el rol que cada una tuvo en las transacciones bajo sospecha.
La causa continúa en etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas en los próximos días, en un expediente que ya tiene alto impacto político y que podría avanzar hacia definiciones más concretas en función de la prueba recolectada.
