Tras más de una década de investigación, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario dispuso un avance clave en la causa que investiga la presunta contaminación ambiental atribuida a la planta de Atanor en San Nicolás. La Sala B del tribunal revocó decisiones previas que habían demorado el expediente y ordenó citar a declaración indagatoria a directivos de la empresa y a exfuncionarios de organismos provinciales de control.
La resolución representa uno de los movimientos judiciales más relevantes desde el inicio de la causa, abierta en 2014 a partir de denuncias de vecinos que advertían sobre posibles afectaciones al suelo, el aire y el agua en sectores cercanos a la planta ubicada sobre la ribera del río Paraná.
Según la decisión de la Cámara, deberán prestar declaración seis directivos de Atanor, cinco exfuncionarios del entonces Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y tres expresidentes de la Autoridad del Agua (ADA), quienes son investigados por su posible responsabilidad en hechos vinculados a contaminación ambiental y presuntos incumplimientos en las tareas de control y fiscalización.
Una causa que comenzó en 2014
La investigación se inició hace once años cuando vecinos de San Nicolás denunciaron que la planta agroquímica realizaba presuntos vertidos contaminantes al río Paraná, emisiones al ambiente y manejo inadecuado de residuos peligrosos. También señalaron posibles impactos sobre la salud de habitantes de los barrios Química y Ponce de León.
Durante la instrucción se incorporaron testimonios, inspecciones y estudios técnicos. Entre las pruebas reunidas figuran análisis que detectaron la presencia de atrazina en muestras de agua del río Paraná y de cipermetrina y trifuralina en muestras de suelo, elementos que fueron considerados relevantes dentro de la hipótesis investigativa.
Críticas por las demoras judiciales
Uno de los aspectos más destacados del fallo es el cuestionamiento a la prolongada demora del expediente. La Cámara sostuvo que no existían motivos suficientes para continuar postergando las indagatorias y remarcó que la causa lleva más de once años de trámite sin que se hubiera avanzado hacia esa instancia procesal.
La resolución hizo lugar a los recursos presentados por el fiscal federal Matías Di Lello y por la querella que representa a vecinos nicoleños, quienes venían reclamando que se profundizara la investigación y se definieran responsabilidades.
Una nueva etapa
La decisión de la Cámara no implica condenas ni determina culpabilidades, pero marca el ingreso del expediente a una etapa decisiva. Las declaraciones indagatorias constituyen el primer acto formal de defensa de los imputados y podrían derivar posteriormente en procesamientos, sobreseimientos o nuevas medidas de prueba.
Mientras tanto, la causa continúa siendo una de las investigaciones ambientales más importantes de la región y mantiene en el centro del debate la situación ambiental generada durante años por la actividad industrial en la zona norte de San Nicolás.
