La Justicia avanzó en una causa que investiga presuntas irregularidades en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y resolvió procesar a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino por el delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.
La medida fue dispuesta por el juez en lo penal económico Diego Amarante, quien además ordenó un embargo de 350 millones de pesos sobre los bienes de cada uno de los dirigentes. La resolución no incluye prisión preventiva, aunque sí mantiene restricciones como la prohibición de salida del país.
La investigación se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que acusa a la conducción de la AFA de haber retenido y no depositado en tiempo y forma fondos correspondientes a impuestos y aportes previsionales.
Según el expediente, las maniobras investigadas abarcan distintos períodos entre 2024 y 2025 y alcanzarían una cifra superior a los 19.000 millones de pesos.
El fallo detalla que la entidad actuaba como agente de retención, pero no transfería los fondos al Estado dentro de los plazos legales, configurando así el presunto delito.
Además de Tapia y Toviggino, la resolución judicial también alcanza a otros integrantes de la estructura dirigencial de la AFA:
- Victor Blanco
- Cristian Malaspina
- Gustavo Lorenzo
En esto casos, tambien se dictaron embargo, aunque por montos menores, y distintas medidas procesales.
El juez consideró que existen elementos suficientes para sostener que la AFA contaba con capacidad económica para cumplir con sus obligaciones, pero que los fondos retenidos habrían sido utilizados con otros fines.
En ese sentido, la investigación detectó movimientos financieros relevantes, como inversiones y plazos fijos millonarios, lo que refuerza la hipótesis de una maniobra sistemática.
Durante las indagatorias, los dirigentes rechazaron las acusaciones y negaron haber cometido delitos. En particular, Tapia sostuvo que no interviene en la gestión tributaria diaria de la entidad, mientras que Toviggino planteó argumentos técnicos vinculados a normativas fiscales vigentes.
Sin embargo, el magistrado descartó estos planteos y avanzó con el procesamiento, dejando a los imputados más cerca de un eventual juicio oral.
La causa se da en un contexto de fuerte tensión política e institucional en torno al futuro del fútbol argentino, y podría tener consecuencias tanto judiciales como dirigenciales para la conducción de la AFA.
El expediente continúa en curso y se espera que la defensa apele la decisión en las próximas instancias judiciales.
