La Justicia volvió a fallar en contra del Gobierno nacional y ratificó que debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, en el marco del conflicto abierto con las universidades públicas por el presupuesto del sector.
La decisión judicial se da tras distintos intentos del Ejecutivo de frenar la aplicación de la norma, que había sido aprobada por el Congreso y posteriormente ratificada luego del veto presidencial. El fallo reafirma que el Estado tiene la obligación de garantizar su cumplimiento.
En ese sentido, los magistrados rechazaron planteos del Gobierno vinculados a la causa y marcaron un nuevo límite en la disputa judicial. La resolución no solo sostiene la vigencia de la ley, sino que también refuerza la necesidad de avanzar con su implementación efectiva.
El conflicto se originó luego de que el Poder Ejecutivo suspendiera la aplicación de la norma mediante un decreto, lo que derivó en presentaciones judiciales por parte del sistema universitario. La ley establece mecanismos de actualización presupuestaria, recomposición salarial para docentes y no docentes, y mejoras en las becas estudiantiles.
Además, distintos sectores académicos vienen advirtiendo que la falta de financiamiento impacta directamente en el funcionamiento de las universidades, afectando áreas clave como la docencia, la investigación y la extensión.
Con este nuevo fallo, la Justicia refuerza la postura de que el Ejecutivo no puede eludir una ley vigente, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y la comunidad universitaria.
