Un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense propone prohibir el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de evitar que desde los penales se cometan delitos como estafas y extorsiones.
La iniciativa fue impulsada por el diputados provinciales de HECHOS y cuenta con el respaldo de sectores judiciales. El planteo surge a partir de distintos casos en los que se comprobó que maniobras delictivas se organizaban desde unidades penitenciarias.
El proyecto, denominado “Ley Rodrigo”, propone eliminar el protocolo vigente desde 2020 que habilitó el uso de celulares en cárceles durante la pandemia, y reemplazarlo por un sistema de comunicación estrictamente controlado.
En ese sentido, establece que las personas privadas de la libertad solo podrán comunicarse mediante dispositivos provistos y supervisados por el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Además, fija un límite de hasta dos horas diarias de comunicación y restringe el acceso libre a los teléfonos dentro de los establecimientos.
Entre los puntos centrales, la iniciativa prevé la instalación obligatoria de inhibidores de señal en los pabellones, con el fin de impedir comunicaciones clandestinas hacia el exterior.
También contempla la realización de requisas periódicas para detectar dispositivos ilegales y reforzar el control dentro de las unidades penitenciarias.
Entre los puntos centrales, la iniciativa prevé la instalación obligatoria de inhibidores de señal en los pabellones, con el fin de impedir comunicaciones clandestinas hacia el exterior.
En caso de aprobarse, el proyecto establece que el Servicio Penitenciario deberá notificar a los internos en un plazo de diez días. Luego, los detenidos tendrán 24 horas para entregar voluntariamente los celulares.
Finalizado ese período, se avanzará con requisas generales y sanciones para quienes incumplan la normativa.
