El Gobierno nacional desplazó a Carlos Frugoni, funcionario del Ministerio de Economía, luego de que se conociera que había omitido declarar al menos siete propiedades en Miami en sus declaraciones juradas.
El caso generó fuerte repercusión política y reavivó el debate sobre la transparencia en la función pública.
Frugoni, quien se desempeñaba como secretario de Coordinación de Infraestructura, reconoció que era titular de varios inmuebles en Estados Unidos que no figuraban en sus declaraciones patrimoniales oficiales.
Las propiedades, ubicadas en Miami, tampoco habían sido informadas ante los organismos correspondientes, lo que encendió las alarmas dentro del propio Gobierno. Según distintas investigaciones periodísticas, algunos de estos bienes incluso estarían vinculados a estructuras societarias en el exterior, utilizadas para su administración.
Tras la difusión del caso, desde el Ejecutivo tomaron distancia del funcionario y avanzaron con su salida del cargo en medio del escándalo, enmarcada en un intento por contener el impacto político de la situación, que rápidamente escaló en la agenda pública y derivó en cuestionamientos sobre los controles internos en el gabinete.
Quién es Carlos Frugoni
Frugoni formaba parte del equipo económico y tenía un rol clave en el área de infraestructura, con incidencia en proyectos estratégicos.
Su nombre comenzó a cobrar notoriedad luego de que se revelaran inconsistencias en su patrimonio declarado, lo que derivó en denuncias y pedidos de investigación judicial. Tras conocerse la situación, el propio funcionario admitió la omisión y la atribuyó a un “error”, aunque eso no evitó su desplazamiento.
El caso ahora quedó bajo análisis judicial, donde se buscará determinar si existió una omisión deliberada, posible evasión o irregularidades en la declaración de bienes. Además, no se descarta que la investigación se amplíe para establecer si hay otras inconsistencias patrimoniales o vínculos con estructuras societarias en el exterior.
La salida de Frugoni suma un nuevo foco de tensión para el Gobierno en materia de transparencia, especialmente en un contexto donde la gestión busca sostener un discurso de control del gasto y orden institucional. El episodio también vuelve a poner en discusión los mecanismos de control sobre las declaraciones juradas de los funcionarios y la necesidad de mayor fiscalización en cargos sensibles.
