El Gobierno nacional avanzará con la eliminación de alrededor de 900 mil planes sociales que actualmente perciben unos $78.000 mensuales, los cuales serán reemplazados por un sistema de vouchers de capacitación laboral, según confirmaron fuentes oficiales.
La decisión impacta directamente sobre el programa Volver al Trabajo, la reconversión del ex Potenciar Trabajo, y marca el cierre definitivo de ese esquema de asistencia.
De acuerdo a lo informado, los beneficiarios dejarán de recibir transferencias mensuales y deberán inscribirse en un nuevo sistema de formación, donde podrán elegir cursos dentro de una red de centros de capacitación que aún está en desarrollo.
Los vouchers serán asignados de manera directa y estarán condicionados a la participación en instancias formativas. Quienes no cumplan con la asistencia o abandonen los cursos podrían perder el beneficio.
Además, las notificaciones ya comenzaron a enviarse a través de la app Mi Argentina y por correo electrónico, informando la finalización del programa actual y las alternativas disponibles.
Desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, difundieron en redes sociales que la medida apunta a un cambio estructural en la política social, dejando atrás la asistencia directa para enfocarse en la empleabilidad.
Según el comunicado oficial, el objetivo es “terminar con la intermediación y promover herramientas concretas de inserción laboral”, en línea con la estrategia del Gobierno de orientar la ayuda estatal hacia la capacitación y la generación de trabajo genuino.
El recorte alcanzará a unas 900 mil personas que estaban dentro del esquema de transición al empleo. En paralelo, cerca de 300 mil beneficiarios que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad continuarán bajo programas de asistencia social.
La medida se inscribe dentro del rediseño de la política social impulsado por la gestión de Javier Milei, que desde el inicio buscó desarticular el sistema de planes administrados con intermediación de organizaciones sociales.
Con este cambio, el Gobierno busca pasar de un modelo de asistencia generalizada a uno basado en la capacitación y la demanda del mercado laboral, con participación del sector privado en la oferta de cursos.
