El Gobierno nacional se prepara para afrontar un desembolso estimado en $2,5 billones para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, tras un nuevo revés judicial que lo obliga a aplicar la normativa vigente.
En la Casa Rosada reconocen que no cuentan actualmente con los fondos necesarios y advierten que el cumplimiento del fallo podría implicar el regreso del déficit fiscal, uno de los principales ejes de la política económica oficial.
El Ejecutivo tiene plazo para acatar la decisión judicial que ratificó la ley sancionada por el Congreso, luego de que el veto presidencial fuera rechazado.
Según estimaciones oficiales, la implementación de la norma demandará una inversión de $2,5 billones, destinada a actualizar partidas universitarias, salarios docentes y becas estudiantiles. Sin embargo, desde el Gobierno admiten que el impacto de ese gasto tensiona el equilibrio de las cuentas públicas y obliga a redefinir la estrategia fiscal en el corto plazo.
Aunque el Ejecutivo anticipó que apelará ante la Corte Suprema, en el oficialismo consideran poco probable que se otorgue un efecto suspensivo al fallo, lo que implicaría comenzar a transferir fondos de manera inmediata.
Frente a este escenario, analizan alternativas para cumplir con la ley sin afectar de forma abrupta el presupuesto, como la posibilidad de realizar pagos escalonados o reordenar partidas existentes.
La ley de financiamiento universitario fue aprobada por el Congreso con el objetivo de recomponer los recursos del sistema educativo superior frente al impacto de la inflación y los recortes presupuestarios.
Su implementación es reclamada por universidades, docentes y estudiantes, en medio de un conflicto que lleva meses y que incluye protestas, paros y reclamos por mejoras salariales y presupuestarias.
