La Justicia de Estados Unidos dispuso la suspensión de las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, en un fallo que representa un alivio momentáneo para la Argentina mientras se define la cuestión de fondo.
La medida fue adoptada en el marco del litigio que se tramita en tribunales de Nueva York, donde el país enfrenta una condena multimillonaria por la nacionalización de la petrolera en 2012.
La decisión implica que se pausan instancias clave del proceso, como pedidos de información, sanciones y otras acciones impulsadas por los demandantes, hasta que la Cámara de Apelaciones resuelva sobre el fondo del caso.
Este punto es central, ya que la Argentina busca revertir o al menos reducir el fallo adverso que la obliga a pagar más de USD 16.000 millones, cifra que con intereses ya supera los USD 18.000 millones.
El respaldo de Estados Unidos
El fallo se da en un contexto en el que el propio gobierno estadounidense respaldó la postura argentina. A través del Departamento de Justicia, Washington consideró que los pedidos de los demandantes son “excesivamente intrusivos” y podrían afectar principios de soberanía y relaciones internacionales.
Además, se advirtió que avanzar con ese tipo de medidas contra un Estado extranjero podría generar un precedente negativo para los propios intereses de Estados Unidos en tribunales internacionales.
El juicio tiene su origen en la expropiación del 51% de YPF durante 2012. Los demandantes —entre ellos fondos que adquirieron los derechos de litigio— sostienen que el Estado argentino no cumplió con el estatuto de la compañía, que obligaba a extender una oferta a todos los accionistas.
En 2023, la jueza Loretta Preska falló en contra del país, dando lugar a una de las mayores condenas económicas de la historia contra la Argentina.
Un escenario todavía abierto
Si bien la suspensión representa un alivio procesal, el conflicto está lejos de resolverse. La Cámara de Apelaciones deberá definir en los próximos meses si confirma, modifica o revoca la sentencia.
Hasta entonces, la Argentina gana tiempo en una causa clave que puede tener fuerte impacto en su economía y en el control de su principal empresa energética.
