El Gobierno nacional avanza en una reforma de la Ley de Salud Mental que busca modificar aspectos centrales del sistema vigente, en medio de un debate que vuelve a poner en foco el equilibrio entre derechos individuales y capacidad de intervención del Estado.
La iniciativa apunta a introducir cambios en la ley sancionada en 2010, que estableció un modelo basado en el enfoque comunitario y la protección de los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales.
Entre los principales puntos que analiza el Ejecutivo, se destaca la posibilidad de facilitar las internaciones involuntarias en determinados casos, incorporando una mayor intervención judicial.
Actualmente, la normativa establece criterios estrictos para este tipo de internaciones, priorizando tratamientos ambulatorios y el consentimiento del paciente. La reforma buscaría ampliar ese margen para situaciones consideradas de riesgo.
Además, el proyecto contempla:
- La creación de centros especializados para tratar casos graves
- Un rol más activo de la Justicia en la toma de decisiones
- Cambios en los organismos de control y revisión del sistema
Estos puntos ya habían sido incluidos en iniciativas previas del oficialismo, como la Ley Bases, aunque finalmente no prosperaron.
La Ley de Salud Mental vigente introdujo un cambio de paradigma en Argentina: dejó atrás el modelo manicomial y promovió la desinstitucionalización, priorizando la atención en la comunidad.
Entre sus ejes principales se destacan:
- La internación como último recurso y por el menor tiempo posible
- El respeto por la autonomía del paciente
- La interdisciplinariedad en los tratamientos
- El control de organismos de derechos humanos
La reforma impulsada por el Gobierno plantea un giro en algunos de estos principios, especialmente en lo referido a las internaciones y al rol del Estado en situaciones críticas.
El proyecto genera posiciones encontradas. Por un lado, familiares y algunos sectores médicos sostienen la necesidad de modificar la ley para poder actuar con mayor rapidez ante casos graves.
Por otro, organizaciones de derechos humanos y especialistas advierten que los cambios podrían implicar un retroceso en materia de derechos y en el enfoque comunitario que guía la normativa actual.
Mientras tanto, el Gobierno prevé enviar la iniciativa al Congreso durante el período legislativo 2026, en un debate que promete ser uno de los más sensibles del año.
